El detonante del conflicto
El problema venía escalando desde hacía semanas. Las cámaras que agrupan a las prestadoras del PAMI —clínicas, sanatorios, médicos de cabecera y otros proveedores de servicios de salud— reclamaban pagos que no llegaban o que llegaban con demoras crecientes. La semana pasada, esas entidades se reunieron con las autoridades del organismo y acordaron que el flujo de fondos se normalizaría. Fue entonces cuando se activaron las gestiones ante el Ministerio de Economía, que finalmente realizó la transferencia el lunes.
El ministro de Salud, Mario Lugones, confirmó el inicio de los pagos mientras participaba del AmCham Summit. “Hoy está pagando, la plata llegó”, afirmó. La obra social comenzó a transferir fondos el martes y prevé completar una parte significativa de los pagos para el jueves.
Una deuda que el Gobierno no reconoce como tal
Desde el PAMI buscaron matizar el alcance del conflicto. Argumentaron que la mayor parte de los $500.000 millones reclamados no constituyen deuda técnica en sentido estricto, sino pagos que en otras gestiones se acreditaban el primer día del mes y que en esta administración se realizan con más días de demora. “Es sobre facturación vigente. Si el servicio lo prestaron en febrero, pero lo presentan ahora, tenemos margen para hacerlo”, explicaron desde la obra social.
Sin embargo, también reconocieron atrasos evidentes en algunos sectores, especialmente en el de las ópticas, donde señalaron que están realizando revisiones de documentación y auditorías ante lo que describieron como “desvíos” y “prestaciones sin respaldo documental”.
La respuesta del sector no fue precisamente aliviada. Una de las cámaras más importantes del país calificó la transferencia de $150.000 millones como “un ibuprofeno en el medio de una enfermedad terminal”, dando cuenta de que la solución parcial no cierra el problema de fondo.
El trasfondo presupuestario
Los números respaldan la preocupación del sector. Según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el gasto del PAMI en prestaciones cayó un 41,3% en términos reales durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior. En marzo, además, el organismo no recibió asistencia financiera directa del Tesoro, en contraste con los $200.000 millones que ingresaron en marzo de 2025.
El PAMI se financia principalmente con los descuentos sobre los haberes jubilatorios y de pensionados, pero ese ingreso resulta insuficiente para cubrir la magnitud de prestaciones de sus casi seis millones de afiliados. Sin el complemento del Tesoro, el margen financiero del organismo se reduce sustancialmente y los pagos a prestadoras se demoran o se suspenden.
Paro de médicos y una ley que vence
En ese contexto, los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro el lunes para exigir una mejora en los valores mensuales por atención de pacientes, que el sector sitúa en $2.100. El Gobierno intentó minimizar el impacto y señaló que la medida tuvo acatamiento fuerte en algunos sectores del Conurbano, pero que no afectó de manera generalizada la atención.
A fin de año, además, el Gobierno deberá decidir si extiende la Ley de Emergencia Sanitaria, que exime del pago de contribuciones patronales a la mayoría de los prestadores privados. Si no se renueva, la ARCA —ex AFIP— podrá ejecutar deudas acumuladas durante más de dos décadas. Unas 5.000 de las 25.000 instituciones de salud inscriptas ya están identificadas por el organismo como sujetas a proceso fiscal.