La hipótesis que sorprendió a los presentes
Al momento de las preguntas del público, ya sobre el final de la reunión, alguien consultó a Arroyo Salgado si era optimista respecto de los avances en la investigación de la muerte de Nisman. La jueza respondió con cautela pero con contundencia: es difícil que se llegue a determinar quiénes son los responsables últimos del crimen, aunque sí hay trascendidos sobre los partícipes. Y fue más lejos: señaló que esos partícipes tienen vínculos con servicios de inteligencia que hoy operan en empresas ligadas al desarrollo en Río Turbio, y que uno de esos vínculos alcanza a un funcionario del actual Gobierno. No dio más detalles ni identificó a ninguna persona concretamente. El discurso arrancó aplausos entre los presentes y exclamaciones de asombro, pero luego no fue ampliado.
El funcionario a quién parece apuntar
La alusión de la jueza coincide con información que circuló en medios sobre una supuesta reunión en la sede porteña de YCRT entre el gerente Maxi Cáceres y el interventor de la empresa, Pablo Gordillo, durante aproximadamente una hora y media. Gordillo sería un histórico kirchnerista que fue designado por la actual administración libertaria tras la salida de su predecesor por corrupción. La magistrada no confirmó ni desmintió que esa fuera la referencia concreta de su afirmación.
El estado actual de la causa
La muerte de Nisman es considerada judicialmente un homicidio. Está procesado como partícipe Diego Lagomarsino, el técnico informático que le proveyó el arma con la que se efectuó el disparo. También están procesados sus excustodios. El fiscal Eduardo Taiano investiga la hipótesis de que la muerte se produjo en medio de una guerra entre distintos grupos de inteligencia locales: unos respondían a Cristina Kirchner y otros al exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Jaime Stiuso. Al declarar en la causa, el propio Stiuso señaló a sectores kirchneristas como responsables del crimen.
Nisman fue hallado muerto el 18 de enero de 2015, horas antes de que debía exponer ante el Congreso la denuncia que había presentado contra la entonces presidenta Cristina Kirchner por encubrimiento a los iraníes acusados del atentado a la AMIA, en el marco del Pacto firmado entre ambos países en 2013.
La corrupción como eje del discurso
La exposición de Arroyo Salgado, titulada Investigaciones Complejas y Credibilidad en la Justicia, tuvo a la corrupción estructural como hilo conductor. La jueza sostuvo que el problema no se limita a un partido o gobierno, sino que atraviesa los tres poderes del Estado y también a la sociedad civil: “Detrás de un funcionario corrupto, hay un civil que lo corrompe”, afirmó.
Cuestionó el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, al que calificó como un “elefante burocrático” que no toma decisiones en tiempo y forma sobre magistrados que no cumplen con su trabajo. Y fue explícita: con los índices actuales de corrupción en la Justicia y el Ministerio Público, debería haber muchos más jueces y fiscales sometidos a investigación, en juicio político y removidos de sus cargos.
También se refirió al crimen organizado en las fronteras, al narcotráfico que se apropia del Estado y del territorio, y a la deuda pendiente con las víctimas del atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel, casos que definió como terrorismo, no como una categoría académica sino como una obligación con la sociedad.