Un sistema congelado desde 2017
La razón de fondo es la inflación. Hasta la sanción de la nueva normativa, el umbral para el delito de evasión simple estaba fijado en 1,5 millones de pesos desde 2017, sin ninguna actualización, mientras que en ese período el Índice de Precios al Consumidor acumuló un aumento del 8.501%. Con la Ley de Inocencia Fiscal, ese mínimo se corrió a 100 millones de pesos, y a partir de enero de 2027 comenzará a ajustarse por la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que sigue la evolución de la inflación.
El mismo criterio se aplicó a otros delitos del régimen penal tributario. La evasión agravada pasó de un umbral de 15 millones a 1.000 millones de pesos. La retención indebida de aportes a la seguridad social subió de 100.000 a 3,5 millones de pesos mensuales. Y la retención indebida de tributos, de 100.000 pesos a 10 millones por mes.
Las causas que “nunca debieron llegar”
Para los especialistas, el impacto de la nueva ley expone una distorsión estructural del sistema tributario argentino. Diego Fraga, abogado tributarista y socio de Expansion Holding, señaló que durante años el Estado persiguió penalmente a contribuyentes por montos que hoy la propia legislación considera insignificantes. El costo de investigar y litigar esas causas, según explicó, superaba en la mayoría de los casos el monto evadido.
“Perseguir penalmente montos bajos distorsiona el sistema: criminaliza incumplimientos que deberían resolverse en sede administrativa con multas, no con causas penales”, sostuvo el especialista.
Para los 5.445 expedientes beneficiados, se aplicó la Instrucción General 01/26 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que dispuso no impulsar las causas que quedaran por debajo de los nuevos umbrales. En algunos casos, fueron los propios abogados defensores quienes presentaron escritos solicitando la aplicación de la ley penal más benigna; en otros, los jueces actuaron de oficio.
El caso Lázaro Báez
Uno de los casos que tomó mayor notoriedad fue el de Lázaro Báez. El Tribunal Oral Económico N°3 lo sobreseyó parcialmente al aplicarle el beneficio de la nueva ley, dado que a Austral Construcciones se le reclamaba el pago de IVA y Ganancias correspondientes a los años 2010 a 2014. Solo en uno de esos períodos el monto superó el nuevo piso de 100 millones de pesos.
Enrique Condorelli, abogado especialista en penal económico y colaborador de MR Consultores, explicó que el sobreseimiento parcial no implica impunidad total: Báez seguirá siendo juzgado por otros delitos, como lavado de dinero, por los cuales actualmente se encuentra detenido. Las imputaciones tributarias, en cambio, quedaron subsumidas por el cambio de legislación.
Fraga advirtió que la misma lógica puede afectar a otros casos con imputaciones tributarias anteriores a la nueva ley, aunque destacó que la corrección estructural que introduce el ajuste por UVA debería prevenir que la situación se repita en el futuro.