Una plaza repleta y un reclamo federal
La cuarta Marcha Federal Universitaria volvió a colmar Plaza de Mayo y se replicó en decenas de ciudades del interior donde hay sedes de universidades públicas. La convocatoria fue encabezada por las máximas autoridades del CIN —su presidente, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, y su vicepresidente, Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro— junto al Frente Gremial Docente y No Docente, integrado por federaciones como CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FATUN, FAGDUT, UDA y CTERA, entre otras.
La movilización, que comenzó en diferentes puntos de la ciudad y confluyó frente a la Casa Rosada, incluyó la presencia de familias, estudiantes con guardapolvos, docentes con pecheras sindicales y ciudadanos que se sumaron de manera espontánea.
El documento: presupuesto, salarios e institucionalidad
El texto unificado, que llevó por título “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la ley”, fue leído por integrantes de la FUA y planteó tres ejes centrales: el deterioro presupuestario, la crisis salarial y lo que los organizadores describen como una ruptura del orden democrático.
En materia presupuestaria, el documento señaló que las transferencias nacionales a las universidades acumulan una caída real de 45,6% entre 2023 y 2026, una reducción que calificaron de “inédita”. A eso se suma la pérdida salarial: entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación acumuló 293%, mientras los sueldos docentes solo crecieron un 147%, lo que implica una merma del poder adquisitivo cercana al 37%. Según el documento, los salarios universitarios se ubican hoy en su nivel más bajo en 23 años y son los más bajos del Estado nacional y de América Latina.
El texto también alertó sobre consecuencias concretas: renuncias masivas de docentes e investigadores, deterioro de las obras sociales, crisis en los hospitales universitarios y vaciamiento del sistema de becas estudiantiles.
Un pedido directo a la Corte Suprema
Más allá de los reclamos económicos, el documento incluyó un llamado explícito a los jueces de la Corte Suprema para que “escuchen el clamor de las plazas de toda la república” y no permitan que el Ejecutivo continúe ignorando la Ley de Financiamiento Universitario. La frase más contundente del texto planteó que cuando un gobierno elige qué leyes cumple y qué fallos acata, “lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho”.
Torres, en su discurso, advirtió que la situación pone en riesgo la plena vigencia del estado de derecho y sostuvo que restringir el derecho a protestar, ignorar leyes del Congreso y desconocer fallos judiciales son señales de alerta democrática.
La respuesta del Gobierno
Desde la Casa Rosada, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, volvió a calificar la movilización como un acto “político” organizado por la oposición. Afirmó que la Ley de Financiamiento Universitario “nació muerta” porque, según su postura, viola el principio presupuestario al generar gastos sin financiamiento específico. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ya había adelantado que el Ejecutivo solo acatará lo dispuesto por la Ley de Presupuesto 2026.