Una movida institucional tras la marcha
En un movimiento que combina la vía judicial con la presión política, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) le solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia que se expida “a la mayor brevedad posible” sobre la causa del financiamiento universitario. El pedido se realizó el miércoles, un día después de la multitudinaria cuarta Marcha Federal Universitaria, y apunta a que el máximo tribunal confirme la medida cautelar que le ordena al Poder Ejecutivo cumplir los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
Por qué la UBA pide celeridad
La cautelar en cuestión fue dictada originalmente por el juez Martín Cormick y ratificada por la Cámara Contencioso Administrativa Federal, pero su ejecución quedó suspendida después de que el Gobierno presentara un recurso extraordinario que habilitó la intervención de la Corte. Desde ese momento, ni los salarios docentes ni las becas ni las partidas de funcionamiento reciben las actualizaciones que la ley establece.
Para la UBA, la demora no es un asunto menor. Solo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, entre enero de 2024 y abril de 2026 renunciaron 438 docentes e investigadores —uno cada dos días, en promedio—. La Facultad de Ingeniería registró 342 bajas desde 2023, y Agronomía, más de 100 en el bienio 2024-2025. Los hospitales universitarios, por su parte, advirtieron en semanas previas que los fondos disponibles apenas alcanzaban para operar por 45 días más.
El estado salarial como argumento urgente
Uno de los ejes del pedido es la situación salarial. El cargo docente más alto —titular con dedicación exclusiva— percibe aproximadamente 1.582.000 pesos mensuales, apenas por encima de la canasta básica de una familia tipo, que ronda los 1.434.000 pesos sin incluir alquiler. Según el CIN, los salarios universitarios acumulan una pérdida real cercana al 37% desde fines de 2023, lo que ubica al sector en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia.
La Corte, sin plazos
El Consejo Superior no es la única voz que reclama urgencia. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez recordó públicamente que en 2021 la Corte resolvió en apenas 18 días una causa sobre clases presenciales durante la pandemia, y preguntó cuánto tiempo tardará ahora en decidir sobre un conflicto que ya lleva más de 200 días sin resolución. Por su parte, fuentes del tribunal confirmaron que el expediente ya está en los despachos de los jueces pero que no hay fecha comprometida para el fallo.