Una jugada excepcional
El Gobierno recurrió a un mecanismo inusual en el sistema judicial argentino: el per saltum, que permite saltear instancias intermedias y llevar un caso directamente a la Corte Suprema. La apuesta es obtener una respuesta rápida del máximo tribunal, dado que cada día que pasa con la cautelar vigente implica, según la presentación oficial, un daño “absolutamente irreparable” para la aplicación de la ley.
El escrito sostiene que el fallo de Ojeda “compromete instituciones básicas del sistema republicano” porque suspende con efectos generales una ley sancionada por el Congreso. Para el Gobierno, el juez se arrogó facultades que no posee y su decisión pone en riesgo “todas las leyes de la república” si no se revierte de inmediato.
Qué está en juego
Entre los artículos suspendidos por la cautelar se encuentran puntos centrales de la reforma: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las restricciones al derecho de huelga, el nuevo cálculo de indemnizaciones, el banco de horas, el fraccionamiento de vacaciones y la derogación de la Ley de Teletrabajo. También está paralizada la cláusula que clasifica a los trabajadores de plataformas como “independientes”.
El trasfondo judicial
Previamente, la jueza federal Macarena Marra Giménez había resuelto que el caso debía tramitarse en la Justicia contencioso administrativo federal y no en los tribunales laborales, quitándole competencia a Ojeda. Ese fallo fue celebrado en el Gobierno, pero no alcanzó para levantar la suspensión. Ahora, la Casa Rosada optó por ir directo a la Corte, colocando al máximo tribunal ante la obligación de pronunciarse.