Qué decidió la Cámara
Con la firma de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, la Sala III habilitó el recurso presentado por la administración de Javier Milei a mediados de abril. Si bien la resolución sobre una medida cautelar no equivale a una sentencia definitiva, los magistrados justificaron su admisión porque la controversia involucra la interpretación de normas de naturaleza federal. El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, comunicó la decisión a través de un comunicado oficial en la red social X: la medida cautelar que las universidades habían logrado queda suspendida hasta el fallo final del máximo tribunal.
El argumento del Gobierno
La posición del Ejecutivo es la misma desde el inicio del conflicto: la ley no puede aplicarse porque el Congreso no determinó de dónde saldrán los fondos para financiarla. En documentos presentados ante la Justicia, el Gobierno sostuvo que cumplir con la norma requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado únicamente al financiamiento universitario, lo que paralizaría prácticamente el funcionamiento de los tres poderes del Estado.
El derrotero judicial de la ley
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto de 2025. Tras el veto presidencial, ambas cámaras la ratificaron. El Gobierno la promulgó en octubre pasado —en el último día del plazo legal— pero nunca la aplicó.
El recorrido judicial comenzó el 29 de octubre de 2025, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una acción de amparo. El 23 de diciembre, el juez de primera instancia Martín Cormick ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos referidos a actualizaciones salariales y de becas. El Estado apeló el 29 de diciembre. El 31 de marzo de 2026, la misma Sala III confirmó ese fallo y ratificó la medida cautelar. El Gobierno recurrió entonces a la Corte Suprema, y ahora la Cámara le abrió ese camino.
La reacción de las universidades
El presidente del CIN, Franco Bartolacci, calificó el fallo como “un paso más del proceso judicial” y se mostró optimista sobre su resolución final. Recordó que el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de cumplir las leyes sancionadas por el Congreso y anticipó que la movilización del 12 de mayo tendrá una contundencia histórica.