Expedientes pausados
Las causas contra los máximos responsables de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llevan más de dos meses en lo que fuentes del ámbito judicial describen como una meseta. Los expedientes se mueven casi por inercia, a la espera de una definición de la Cámara de Casación, el tribunal penal de mayor jerarquía, que tiene en sus manos la decisión de si las causas siguen concentradas en el juzgado federal de Campana o regresan a los fueros donde surgieron los avances más importantes.
La maniobra que derivó los expedientes a Campana fue impulsada formalmente por los abogados defensores de los supuestos propietarios de una mansión de Pilar, pero fue orquestada por un grupo de letrados vinculados a Tapia y Toviggino. El 9 de marzo, cuatro días después de la asunción de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, el juez federal de Campana, Alejandro González Charvay, les solicitó a dos colegas que se apartaran de sus investigaciones. La maniobra tuvo éxito a medias.
El intento de invalidar las pruebas estadounidenses
En paralelo, el empresario Javier Faroni —quien habría recaudado casi 400 millones de dólares en Miami por orden de la AFA— puso en marcha una nueva jugada para intentar invalidar el contenido de los llamados discovery, más de 3.000 páginas obtenidas de dos jueces estadounidenses que revelan transferencias por más de 57 millones de dólares hacia diez empresas fantasma.
La maniobra comenzó a gestarse en Estados Unidos a fines de marzo. TourProdEnter, la firma de Faroni, solicitó a los mismos jueces que autorizaron la entrega de los documentos que prohibieran su uso en causas penales argentinas, a través de una figura del derecho estadounidense conocida como “protective order”. Un juez del estado de Georgia hizo lugar al pedido, pero solo respecto de uno de los cinco bancos que entregaron información.
Ahora Faroni busca extender esa invalidación al resto de los expedientes penales en Argentina. Sus abogados trabajan contrarreloj ante un fallo inminente de la Casación.
La respuesta de la Procuraduría
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Diego Velasco, recomendó en un informe de más de 50 páginas que se realice un nuevo pedido de colaboración internacional, que avance causa por causa, para blindar la utilización de los discovery en las investigaciones penales.
El mismo documento concluyó que la documentación proveniente de esos procedimientos aporta información de notable relevancia para reconstruir posibles trayectorias de fondos vinculados con la AFA, identificar sociedades y cuentas de interés, y orientar medidas de prueba locales e internacionales.
El único expediente que avanza
En medio de este estancamiento generalizado, el único proceso que mantiene un ritmo sostenido es el que tramita el juez Diego Amarante, donde tanto Tapia como Toviggino ya fueron procesados por evasión impositiva. Las defensas apuestan a revertir ese resultado ante la Cámara en lo Penal Económico.
También está trabada la causa que incluye un pedido de detención impulsado por un fiscal federal de Santiago del Estero, en la que se analizó en profundidad el entramado de sociedades de Toviggino y los vuelos privados del tesorero, incluido uno que habría compartido en julio de 2021, desde Miami a Buenos Aires, junto al empresario de seguros Jorge Giani y su esposa, funcionaria de la Corte Suprema.
A un mes del Mundial, en la AFA siguen de cerca el frente externo. Las versiones sobre la posible colaboración de Juan Pablo Beacon —exmano derecha de Toviggino— con la justicia de Estados Unidos generan inquietud. De su teléfono habrían surgido chats, documentos y videos con fajos de dólares.