Una anomalía que acumula más de una década
El Senado de la Nación debate en estos días la primera tanda significativa de designaciones de jueces y funcionarios judiciales en años. En juego está la cobertura de unas 300 vacantes, que representan casi el 40% de la estructura de la Justicia Federal. Una anomalía que condiciona el funcionamiento cotidiano del sistema y que se fue acumulando desde hace más de una década: en 2015 ya llegaba al 20%.
Esa situación no fue consecuencia de dificultades políticas para imponer candidatos. El peronismo mantuvo mayoría ininterrumpida en el Senado desde 1983 hasta fines del año pasado. La explicación está en otra parte: se abusó sistemáticamente de las subrogancias. La provisoriedad de esas suplencias no es un detalle menor — restringe la autonomía de los magistrados respecto del poder político, del que depende directamente el futuro de sus carreras.
La estrategia judicial del Gobierno
El presidente Javier Milei siempre sostuvo la necesidad de contar con un Poder Judicial cuya jurisprudencia acompañe las reformas estructurales que propone. Las dificultades para validar en los tribunales la reforma laboral, por ejemplo, refuerzan esa convicción en la Casa Rosada, con independencia de los argumentos jurídicos de fondo.
El primer intento del Gobierno por modificar esa relación fue cubrir las dos sillas vacías en la Corte Suprema, primero por la vía institucional y luego por decreto. Esa iniciativa, conducida por el entonces superasesor Santiago Caputo, fracasó y marcó el inicio de su declive.
Karina Milei tomó la posta y colocó a Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia. La nueva estrategia descartó modificar la composición de la Corte —al menos por ahora— y trasladó el foco hacia los tribunales inferiores clave: los juzgados de instrucción de Comodoro Py, con jurisdicción sobre causas de corrupción en el gobierno nacional, y las cámaras de Casación Penal, donde hay tres vacantes, y de Apelaciones. Estas instancias operan en los hechos como filtros de los expedientes que llegan a juicio oral.
Los pliegos y sus controversias
Mahiques ya envió 67 pliegos. Doce de ellos se saltearon el orden de mérito establecido por el Consejo de la Magistratura, lo que generó críticas de la oposición, que señaló que la afinidad política volvió a pesar más que la idoneidad técnica. También trascendió que el proyecto incluiría una reducción de juzgados y de los miembros de las cámaras, configurando un mapa judicial funcional a los intereses del Ejecutivo en las causas más sensibles para la Casa Rosada, entre ellas los expedientes sobre $Libra y ANDIS.
Se esperan otros 30 pliegos. La mayoría de los nombres ya circuló y varios generaron reacciones. Uno de los más comentados es el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. La respuesta de los otros dos integrantes del tribunal, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, fue impulsar un nuevo reglamento de selección de magistrados que priorice los antecedentes y el desempeño técnico por sobre las entrevistas, cuya subjetividad resulta más permeable a criterios políticos. Rosatti no firmó la iniciativa de sus pares, síntoma de una reactivación de las internas al interior de la Corte.
También generó polémica la postulación de candidatos vinculados a Justicia Legítima, la agrupación kirchnerista. En el ambiente judicial se interpreta como parte de una negociación más amplia para viabilizar el proyecto de fondo del Gobierno, lo que sugiere un entendimiento al menos parcial entre el oficialismo y el kirchnerismo.
El nudo en el Senado
La última información disponible indica que los bloques del PRO, la UCR y el peronismo dialoguista frenan la firma de los pliegos. El argumento político se concentra en una disputa por los cargos vacantes en el interior del país: esos sectores exigen que las propuestas del Ejecutivo contemplen candidatos de sus propias redes territoriales.
Patricia Bullrich le pidió a Mahiques que incorpore esas demandas para avanzar hacia una aprobación rápida en el recinto. Pero según la información disponible, chocó con la resistencia de Karina Milei. El episodio se inscribe en el momento de mayor tensión entre ambas, agravado por el desmarque de Bullrich en el caso Adorni y su pretensión de posicionarse como candidata oficialista a la Jefatura de Gobierno porteño.
El resultado es un proceso que avanza con lentitud, condicionado por el cruce de múltiples intereses. Lo que se dirime, en definitiva, es quién tendrá influencia sobre una parte sustancial del Poder Judicial argentino durante las próximas décadas.