La denuncia y su contexto judicial
La presentación fue radicada ante el juzgado penal económico a cargo del juez Diego Amarante, quien ya investigaba a la AFA en una causa anterior por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por cerca de 19 mil millones de pesos. Esa investigación previa había puesto bajo la lupa el manejo financiero de la institución y derivó en una serie de requerimientos judiciales sobre sus movimientos económicos.
La nueva denuncia, correspondiente al expediente CPE 1182/2025, profundiza la investigación sobre operaciones realizadas entre 2023 y 2025. ARCA sostiene que se detectó un patrón sistemático: la AFA habría contratado servicios con proveedores sin capacidad económica real y luego utilizado las facturas emitidas por esas firmas para justificar pagos cuyo destino final resultaba imposible de determinar.
Un esquema de facturas falsas
Según el organismo, las empresas involucradas en el circuito carecían de empleados registrados, maquinaria, infraestructura y capacidad financiera compatible con los montos facturados. Muchas tenían domicilios inexistentes o abandonados. ARCA identificó además estructuras societarias conectadas entre sí mediante socios repetidos y cambios abruptos de actividad comercial.
Entre las firmas observadas figuran Construcciones Far West SRL, Maxstore SA, Meroka SRL, Luicom SA, Holdembrog SA, Consultek Consultora y Servicios SRL, Belesan SAS, Albamonte Construcciones SRL, Logistic Winter SRL, Central Hotel SRL, Inapey SA y un segundo grupo detectado a partir de cruces de facturación electrónica.
Según ARCA, el mecanismo funcionaba en etapas: la AFA contrataba servicios ficticios, las firmas emitían comprobantes que reducían la carga tributaria, y los pagos se realizaban principalmente mediante cheques que circulaban a través de múltiples endosos sucesivos. El organismo señaló que el 77,11% de los pagos investigados fue realizado mediante cheques, lo que dificultaba la identificación de los beneficiarios finales.
La acusación de asociación ilícita
El elemento más grave de la nueva presentación es la solicitud formal para que se investigue la posible existencia de una asociación ilícita fiscal. ARCA sostiene que la maniobra tuvo continuidad temporal, habitualidad y una estructura organizada. La hipótesis legal se encuadra en el artículo 2 inciso d de la Ley 27.430, que reprime la evasión agravada mediante facturación apócrifa.
Además de Tapia y Toviggino, también aparecen mencionados en el escrito el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo. ARCA pidió que todos sean convocados a prestar declaración indagatoria y reclamó que la Justicia profundice la investigación sobre la estructura financiera completa.