La causa y los cargos
El expediente investigaba presuntas irregularidades derivadas del Decreto 823/2021, que centralizó la contratación de seguros de organismos estatales en Nación Seguros S.A. Según las constancias de la causa, el esquema habría permitido la intervención de intermediarios y coaseguradoras privadas que cobraron comisiones superiores a las de mercado, con posible perjuicio para el Estado. Fernández había sido procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, con un embargo de más de 14.600 millones de pesos y prohibición de salida del país.
El argumento de la mayoría
Borinsky y Carbajo fundamentaron la anulación en una cuestión de principios procesales: tanto la defensa del expresidente como el fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, habían pedido revocar el procesamiento. Al no existir controversia entre acusación y defensa, los jueces de esa instancia confirmaron el procesamiento sin base acusatoria suficiente, lo que vulneró el principio de que no hay juez sin acusador y afectó el debido proceso. La posterior intervención del fiscal ante Casación, Raúl Pleé, quien sí respaldó el procesamiento, no fue considerada suficiente para subsanar ese vicio.
La disidencia de Hornos
Hornos sostuvo que el recurso de Casación era inadmisible porque el procesamiento no constituye una sentencia definitiva. Consideró además que el dictamen de Pleé, fundado en la necesidad de investigar delitos de corrupción estatal y en la unidad de actuación del Ministerio Público, bastaba para sostener la acusación y descartar la violación del principio acusatorio.
Efectos sobre otros imputados
La anulación no desvinculó automáticamente a los demás acusados en la causa, como Diego Rosendi, Agustín Beraldi y Bri Brokers S.A. Sin embargo, la Casación obligó a la Cámara Federal a revisar si lo resuelto alcanza también a ellos, según las particularidades de cada caso.