Sin acceso y sin aviso previo
Los periodistas que cubren la actividad presidencial llegaron este jueves a la Casa Rosada y se encontraron con que no podían ingresar. El personal de Casa Militar les informó que sus huellas dactilares habían sido eliminadas del sistema de acceso. Ninguna autoridad los había notificado con anticipación.
Desde Presidencia explicaron que la medida fue adoptada “de manera preventiva” tras el episodio de espionaje ilegal que atribuyen a trabajadores de prensa. La restricción rige hasta nuevo aviso y está supeditada al resultado de una pesquisa interna.
El origen: las imágenes de TN
El detonante fue la emisión, el domingo pasado, de un informe del canal TN que incluía imágenes grabadas con anteojos inteligentes en los pasillos del edificio presidencial. El Gobierno consideró que la grabación vulneró la seguridad presidencial y violó la normativa interna.
El lunes, Casa Militar presentó una denuncia judicial contra los periodistas y la producción del canal. La causa quedó en el Juzgado Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. En paralelo, la Secretaría de Comunicación y Medios, conducida por Javier Lanari, suspendió de forma indefinida la acreditación del periodista que realizó la grabación.
La decisión de extender la medida al conjunto de los acreditados obtuvo el aval presidencial el miércoles por la tarde, luego del regreso de la cúpula del Gobierno de su viaje a Israel.
La reacción oficial y la denuncia de la prensa
El presidente Javier Milei se expresó en la red social X con duros términos contra los periodistas involucrados y exigió que la responsabilidad llegara hasta los máximos responsables.
Fuentes de la Casa Rosada aclararon que las acreditaciones no fueron revocadas sino que el acceso fue suspendido temporalmente. “Lo que se hizo fue retirar las huellas dactilares, no se va a poder pasar hasta que se termine la pesquisa”, indicaron, y estimaron que la situación se normalizará la semana próxima.
El Círculo de Periodistas de Casa Rosada publicó una carta en la que calificó la medida como una avanzada explícita contra la libertad de prensa, el ejercicio de la profesión y el derecho de acceso a la información. También denunció que la decisión fue tomada sin justificación oficial ni notificación previa, y anunció una presentación judicial inminente.