Un fenómeno global con impacto local
La ministra de Educación, Mercedes Miguel, señaló que las amenazas responden a una tendencia extendida en Chile, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos y todas las provincias argentinas. En la Ciudad, de los más de 200 casos registrados a nivel nacional, más de 25 requirieron la intervención de la fiscalía local, según informó el fiscal general Martín López Zabaleta. En tres situaciones concretas, las amenazas derivaron en operativos policiales, uno de ellos fuera del territorio porteño.
Qué establece el protocolo
El protocolo distingue entre “detección” —observación directa de un arma— y “sospecha fundada”, definida como cualquier denuncia verbal, escrita o digital basada en hechos o conductas concretas. Clasifica las armas en tres categorías: de fuego, blancas e impropias. Ante cualquiera de ellas, el personal docente no puede requisar ni manipular pertenencias del estudiante ni intentar quitarle el arma. La indicación es acompañar al alumno a un espacio reservado, preferentemente con un adulto de su confianza.
En caso de armas de fuego, la norma es categórica: solo las fuerzas de seguridad pueden manipularlas y retirarlas, por lo que el llamado al 911 es obligatorio en todos los casos, haya o no amenaza activa. Para armas blancas o impropias, la intervención policial solo se activa ante un riesgo concreto y vigente.
El protocolo también establece obligaciones administrativas: el equipo directivo debe comunicar el hecho a la supervisión escolar, registrarlo en el libro de actas y denunciarlo ante la justicia si configura un delito penal de acción pública.
Redes sociales y responsabilidad familiar
El gobierno porteño vincula la expansión de las amenazas a la lógica viral de las redes sociales y exige a las plataformas mayor responsabilidad. Como medida preventiva, la Ciudad avanzó con la política de aulas libres de celulares y el compromiso familiar de postergar el acceso a dispositivos hasta la secundaria: más de 48 mil familias ya firmaron ese acuerdo.
Macri cerró el anuncio con un llamado directo a los padres a hablar con sus hijos más allá de los mensajes de WhatsApp, y reafirmó el compromiso de los tres poderes del Estado con la seguridad de la comunidad educativa.