Una década de litigio y un Estado señalado
El caso comenzó hace diez años cuando los representantes del transporte tradicional demandaron al Gobierno de la Ciudad, argumentando que las plataformas operaban en un marco de ilegalidad que perjudicaba sus intereses económicos y vulneraba los estándares de seguridad exigidos al resto del sector. Las empresas tecnológicas, en cambio, sostuvieron que la ausencia de una regulación específica generaba un vacío legal que les permitía funcionar fuera de las restricciones impuestas a los vehículos con licencia municipal.
Los jueces concluyeron que la omisión del Estado en la fiscalización fue el factor determinante para sostener esa desigualdad durante años. La Cámara señaló con claridad que el Gobierno de la Ciudad no solo permitió, sino que propició, la coexistencia de dos sistemas bajo tratamientos normativos dispares durante una década.
Qué exige el fallo
La resolución establece que los conductores de aplicaciones deben obtener una licencia profesional y contratar seguros específicos para el traslado de pasajeros. Estos son los dos requisitos mínimos que la sentencia identifica como obligatorios para operar en la Ciudad.
Al mismo tiempo, el fallo impone al Ejecutivo porteño la obligación de fiscalizar la actividad, perseguir el cobro de tributos y realizar campañas informativas sobre los riesgos del servicio. También prohíbe al Gobierno exigir cargos adicionales a los taxistas por trámites regulares, buscando equilibrar las condiciones de competencia mientras no exista una normativa integral.
El tribunal fue explícito en señalar que la Justicia no puede crear el marco regulatorio definitivo, tarea que corresponde exclusivamente a la Legislatura porteña. La sentencia se presenta como una medida provisional para corregir una situación considerada injusta en lo inmediato.
La reacción de las empresas
Las plataformas respondieron con cautela. Desde Cabify señalaron que están analizando los alcances del fallo. Uber, por su parte, aclaró que la empresa no fue parte del proceso judicial y que la resolución no modifica su forma de operar. DiDi indicó que continúa evaluando el documento.
El contexto legislativo
El fallo llega en un momento en que también se debate en la Legislatura porteña un proyecto integral para modernizar el Código de Tránsito y Transporte. La iniciativa, ingresada a fines de 2025, propone que todas las aplicaciones tengan sedes locales, tributen por los viajes iniciados en la Ciudad y se sometan a controles estrictos de datos, con el objetivo de equiparar las condiciones de competencia en el sistema de movilidad urbana.