Reempadronamiento obligatorio en 90 días
El punto central del proyecto es un reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios actuales. Quienes no actualicen su información personal, socioeconómica y médica ante la Secretaría de Discapacidad en un plazo de 90 días —prorrogables por 30 más— verán suspendido automáticamente su beneficio.
Auditorías y cruce de datos
Para evitar irregularidades, la iniciativa establece un sistema de auditorías periódicas basado en el cruce masivo de datos entre la Secretaría de Discapacidad, ANSES, ARCA y el SINTyS. Este mecanismo permitirá dictar suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia documental o patrimonial.
Incompatibilidad total con el empleo formal
Uno de los puntos más polémicos es la eliminación de la compatibilidad entre la pensión y el trabajo en relación de dependencia. Mientras la normativa anterior permitía trabajar formalmente siempre que los ingresos no superaran dos salarios mínimos, el nuevo proyecto establece que acceder a cualquier empleo registrado implicará la baja inmediata del beneficio.
Monto y financiamiento
El proyecto mantiene el monto de la pensión en el 70% de la jubilación mínima, pero elimina las facultades que permitían aplicar aumentos adicionales por zona geográfica o grado de invalidez. Además, suprime la obligación de actualizar los aranceles médicos conforme a la movilidad jubilatoria, otorgando mayor discrecionalidad al Ministerio de Salud para asignar partidas según la disponibilidad del Tesoro.
La propuesta llegó al Senado acompañada de una reforma a la Ley de Salud Mental, con el objetivo de ampliar las capacidades de intervención en prevención y rehabilitación.