Sin fondos desde enero
La situación de los hospitales universitarios de la UBA llegó a un punto de quiebre. Según informaron las propias autoridades de la universidad, durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2026, el gobierno nacional no realizó ninguna transferencia destinada al funcionamiento operativo de los centros de salud universitarios. El Presupuesto 2026 contempla una partida de 80.000 millones de pesos bajo la denominación “Hospitales”, pero ninguna porción de ese monto llegó a destino en el primer cuatrimestre.
La deuda acumulada asciende aproximadamente a 20.000 millones de pesos, fondos que debían cubrir insumos, mantenimiento y servicios esenciales para la atención médica. Sin esos recursos, los hospitales enfrentan serias dificultades para sostener sus operaciones habituales.
Seis instituciones en riesgo
Las instituciones que podrían ver afectado su funcionamiento son: el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.
Entre los seis centros se atiende a más de 700.000 personas por año, lo que da cuenta de la escala del impacto que tendría una eventual interrupción del servicio.
La conferencia de prensa y el contexto del conflicto
Este martes a las 8.30, los directores de la red de hospitales universitarios realizarán una conferencia de prensa en la puerta del Hospital de Clínicas para visibilizar la situación y renovar el reclamo ante las autoridades nacionales.
El conflicto se enmarca en la tensión creciente entre las universidades nacionales y el gobierno de Javier Milei en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, aprobada en 2025 por una amplia mayoría en el Congreso y ratificada en dos instancias por la Justicia, incluyendo un fallo de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que exigió al Ejecutivo el “cumplimiento inmediato” de los artículos referidos a la recomposición salarial y las becas estudiantiles. El 17 de abril, la Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario para suspender esos artículos.
La respuesta del Gobierno y la posición de la UBA
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, respondió al conflicto universitario con una medida distinta: intimó a los rectores a garantizar el dictado de clases en medio de la semana de paro docente y les solicitó planes de contingencia para preservar el derecho de los estudiantes a la educación.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, rechazó esa posición y señaló que la intimación revela la existencia de un problema más profundo: “Hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales”. Además, sostuvo que el gobierno “no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario”.
La marcha del 12 de mayo
En este contexto, el reclamo universitario tendrá una nueva expresión pública el 12 de mayo, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA) convocaron a una marcha federal en la Ciudad de Buenos Aires y otras ciudades del interior. Uno de los ejes centrales será, precisamente, la exigencia de que el gobierno transfiera los fondos previstos por ley para el funcionamiento de las universidades nacionales y sus instituciones de salud.