Qué propone la reforma
El proyecto redefine el universo de la Zona Fría, circunscribiéndolo a las regiones históricamente incluidas: la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, extiende el beneficio a la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas, contemplando las distintas formas de acceso a la energía según las características de cada territorio.
La reforma excluirá de la norma a decenas de departamentos en provincias como Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza, San Juan, Santa Fe y otras, que habían ingresado al régimen a partir de criterios bioambientales incorporados en 2021 durante la gestión del diputado Máximo Kirchner.
El acceso al subsidio quedará restringido a quienes integren el padrón del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que incluye hogares con ingresos netos de hasta tres Canastas Básicas Totales, titulares de Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), familias con veteranos de la Guerra de Malvinas y hogares con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD). En este último caso, la Secretaría de Energía evaluará la necesidad de asistencia económica de manera individual.
El argumento oficial
La secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, expuso ante las comisiones de Energía y Presupuesto de Diputados que los recursos del Estado deben destinarse exclusivamente a quienes los necesitan. Señaló que el esquema vigente subsidia a todos los usuarios de una vasta región del país, independientemente de su poder adquisitivo, y que ese gasto —estimado en 500.000 millones de pesos— se financia con un cargo que pagan todos los usuarios del país, incluyendo a los de menores ingresos que no residen en zonas frías.
También destacó que los hogares de las zonas frías tradicionales consumen entre cuatro y siete veces más gas que el resto del país, lo cual justifica el subsidio diferenciado. En el resto del territorio, los recursos del fondo se dirigirán exclusivamente a los usuarios que acrediten necesidad.
La distorsión que se busca corregir
La ampliación de 2021 llevó a que casi la mitad de los usuarios residenciales conectados a la red de gas accedieran al beneficio, incluyendo a sectores de alto poder adquisitivo. La reforma busca revertir esa situación y garantizar que los fondos lleguen a quienes realmente los necesitan, con criterios tanto geográficos como socioeconómicos. El debate del próximo miércoles en Diputados podría definir el futuro de esta política, con impacto directo en miles de hogares que dependen del subsidio para afrontar las facturas durante el invierno.