La decisión
La Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, rechazó los planteos de las defensas y ratificó lo resuelto por el Tribunal Oral Federal N° 2, que el 18 de noviembre del año pasado había dispuesto la incautación de 111 bienes en total: 84 propiedades de Báez, una de Fernández de Kirchner, siete de empresas vinculadas al empresario y 19 de los hijos de la exmandataria.
Los magistrados establecieron que los bienes serán tasados y luego ejecutados para satisfacer la pena de decomiso impuesta en la causa, cuyo monto actualizado supera los $684.000 millones.
El argumento sobre los bienes heredados
Las defensas de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner habían cuestionado que el decomiso alcanzara a propiedades en manos de los hijos, quienes no fueron condenados en la causa. Argumentaron que esos bienes habían sido heredados del expresidente Néstor Kirchner o cedidos por su madre en 2016, y que en algunos casos las adquisiciones originales eran previas a la maniobra juzgada. También reclamaron una reconstrucción contable detallada del flujo de dinero para acreditar el origen de cada bien.
Casación rechazó esos planteos. Por mayoría, sostuvo que el decomiso puede alcanzar bienes en manos de terceros no condenados cuando estos los hubieran recibido de forma gratuita —incluso por herencia— si provienen del delito. En esa línea, los jueces indicaron que exigir una trazabilidad contable exhaustiva en delitos extendidos durante más de una década resulta materialmente imposible, y que basta acreditar la coincidencia temporal, la razonabilidad económica y la vinculación entre el incremento patrimonial y la maniobra delictiva.
Los votos
Hornos, presidente de la Cámara, argumentó que el decomiso busca impedir que los condenados sigan beneficiándose de lo obtenido mediante el delito, y que reducirlo a una declaración formal sería contrario al sentido de la pena.
Barroetaveña acompañó ese razonamiento y sostuvo que la ejecución debe abarcar tanto los bienes en poder de los condenados como aquellos transferidos a terceros.
Borinsky, en cambio, emitió un voto en disidencia parcial. Si bien coincidió con los criterios generales del decomiso, consideró que el TOF 2 no había fundamentado suficientemente la inclusión de 19 inmuebles —cinco de ellos correspondientes al hotel Los Sauces— ni de propiedades de dos sociedades vinculadas a Báez. Propuso anular esos decomisos puntuales.
El fiscal ante la Casación, Mario Villar, había sostenido que quienes tuvieran reclamos sobre los bienes decomisados debían acudir a instancias civiles o administrativas, sin que eso postergara la ejecución ordenada por el tribunal oral.