El impacto del fin de la moratoria
El plan previsto en el segundo capítulo de la ley 27.705, aprobada en 2023, dejó de regir luego del 23 de marzo de 2025. Esa fecha estaba incluida en la propia ley y, pese a que se contemplaba la posibilidad de una prórroga, el gobierno optó por no extenderlo, lo que redujo la cantidad de personas que pueden acceder a una prestación previsional en el régimen contributivo general.
Ese régimen exige dos requisitos: 60 años de edad para las mujeres y 65 para los varones, y un mínimo de 30 años de aportes. Quienes no cumplen con el segundo requisito tienen opciones acotadas para regularizar su situación.
Las alternativas vigentes
Actualmente siguen activos dos mecanismos para quienes no completaron los aportes requeridos. El primero es la moratoria de la ley 24.476 (aprobada en 1995), un régimen permanente pero cada vez más restrictivo, ya que solo aplica a períodos sin contribuciones previos a octubre de 1993.
El segundo es un sistema de compra de aportes establecido en la ley 27.705, sin fecha de vencimiento, pero con condiciones: está habilitado únicamente para personas de entre 50 y 59 años (mujeres) o entre 55 y 64 años (varones), y el costo por cada mes de aporte asciende a $38.402 en mayo próximo.
Quienes no puedan jubilarse pueden acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo y se obtiene con 65 años de edad sin requisito de aportes, aunque con un examen socioeconómico.