La denuncia de coacción
A través de su abogado defensor, Pablo Medrano, Rovella sostuvo que su voluntad fue “doblegada” mediante la amenaza de mantenerlo detenido si no colaboraba con la investigación. Según Medrano, se trata de un mecanismo “incompatible con el Estado de Derecho” que habría sido utilizado de forma sistemática en el proceso. El tribunal deberá decidir si acepta el planteo y da lugar a la nulidad solicitada.
En su momento, Rovella había declarado haber realizado pagos ilegales presentados como aportes a campañas políticas, testimonio que ahora busca retirar.
Otros planteos en la audiencia
La jornada también registró otras presentaciones procesales. El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime presentó una recusación contra el juez Fernando Canero, que fue derivada a secretaría para no interrumpir el debate.
El abogado de la expresidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, cuestionó el origen de la causa denunciando un supuesto “forum shopping” y responsabilizó al fallecido juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli por el uso de la figura del arrepentido. La defensa de Roberto Baratta, por su parte, señaló el vínculo entre Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio —condenado por espionaje ilegal y extorsión—, mientras que los abogados de Julio De Vido destacaron que su cliente ya fue absuelto del delito de asociación ilícita en la causa Vialidad.
Una vez que el tribunal resuelva todos los planteos preliminares, dará intervención a la fiscalía y a la querella de la Unidad de Información Financiera, para luego avanzar hacia la etapa de producción de prueba e indagatorias.
Qué es la causa Cuadernos
El caso se originó en agosto de 2018 cuando el entonces juez federal Claudio Bonadio ordenó detenciones y allanamientos tras la publicación, en el diario La Nación, de los cuadernos de Oscar Centeno, exchofer del funcionario kirchnerista Roberto Baratta. En esos anotadores figuraban registros de traslados de bolsos con dinero desde empresas proveedoras del Estado hacia oficinas oficiales. La hipótesis acusatoria sostiene que entre 2003 y 2015 funcionó un sistema de recaudación ilegal en el que empresarios de la construcción, la energía y el transporte pagaban sobornos a cambio de contratos de obra pública, cuya presunta jefa era Kirchner.