Los trabajadores del INDEC, nucleados en la Junta Interna de ATE, expresaron su rechazo a la decisión del gobierno de suspender la actualización de las ponderaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que debía aplicarse con los datos de enero, cuya difusión está programada para el 10 de febrero.
Una medida técnica convertida en política
A través de un comunicado, la representación gremial advirtió que la medida constituye una intromisión política en definiciones estrictamente técnicas y señaló que fue adoptada a pocos días de una publicación estadística clave para la economía del país.
La actualización, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18), estaba prevista desde hace tiempo y había sido preparada por el equipo técnico del organismo.
Argumentos oficiales cuestionados
Según el pronunciamiento de los trabajadores, el argumento oficial de preservar la comparabilidad de las series estadísticas no resulta válido desde el punto de vista metodológico. Sostuvieron que la comparabilidad puede garantizarse expandiendo la serie con los nuevos ponderadores o publicando ambas metodologías en paralelo, y advirtieron que mantener canastas de consumo desactualizadas distorsiona la medición de la inflación real.
Los trabajadores alertaron que postergar la actualización del IPC debilita la credibilidad del organismo y afecta directamente variables sensibles como salarios, jubilaciones, convenios colectivos, políticas sociales y presupuestos públicos, que se ajustan en función de las estadísticas oficiales.
Reclamos por autonomía institucional
El comunicado también puso el foco en la estructura institucional del INDEC, al recordar que desde el Decreto 927/2009 funciona como organismo desconcentrado bajo la órbita del Ministerio de Economía. Para ATE-INDEC, esa dependencia jerárquica facilita presiones del Poder Ejecutivo sobre decisiones técnicas que deberían ser independientes.
Además, cuestionaron la eficacia de los mecanismos de control externo, como el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES), al considerar que no lograron garantizar un resguardo efectivo frente a interferencias políticas.
Exigencias concretas
La Junta Interna exigió la publicación inmediata del IPC con las nuevas ponderaciones, el respeto irrestricto a la autonomía técnica del organismo y la revisión urgente del marco legal vigente, con el objetivo de avanzar hacia una nueva ley orgánica que garantice independencia funcional y autarquía, en reemplazo de la Ley 17.622, sancionada en 1968.
Mientras se debate una reforma estructural, reclamaron la implementación de protocolos técnicos automáticos que eviten que actualizaciones metodológicas queden sujetas a decisiones políticas, y pidieron transparencia total de procesos y documentación.