A dos años de la llegada de Javier Milei a la presidencia, el conflicto por las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas vuelve a encenderse. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para reclamar una deuda que su provincia calcula en $51.000 millones. La decisión reactualiza una disputa que involucra a trece provincias y que tiene el potencial de escalar aún más en 2026.
Un problema sin resolver
Las cajas previsionales provinciales no transferidas son sistemas que pagan las jubilaciones de los empleados públicos de cada provincia. Se financian principalmente con los aportes de los trabajadores activos, pero esa recaudación no alcanza para cubrir el total de las jubilaciones que deben pagar mensualmente. La diferencia —el déficit— debe ser cubierta por la Nación a través de transferencias de Anses.
El problema es que, desde marzo de 2024, el Gobierno nacional cortó todos esos giros mediante un decreto. Las trece provincias afectadas son Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes. De todas ellas, solo cuatro están recibiendo pagos actualmente: Córdoba, Entre Ríos, Chaco y La Pampa, todas después de presentaciones judiciales o acuerdos firmados bajo presión.
La estrategia de Chubut
Torres explicó que la presentación ante la Corte responde a incumplimientos reiterados que se arrastran desde 2017. La provincia busca que el máximo tribunal ordene al Estado nacional retomar los pagos y saldar la deuda acumulada. El gobernador chubutense sigue así el camino que ya transitaron otros mandatarios provinciales, como Martín Llaryora de Córdoba, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Maximiliano Pullaro de Santa Fe y Sergio Ziliotto de La Pampa.
En todos esos casos, hubo audiencias de conciliación ante la Corte que derivaron en acuerdos parciales. Sin embargo, estos convenios establecen “pagos a cuenta”, es decir, no resuelven el problema de fondo ni saldan la deuda histórica, simplemente normalizan un flujo mensual reducido.
Un presupuesto insuficiente
El proyecto de presupuesto 2026 que se debate en el Congreso prevé apenas $122.000 millones para cubrir los acuerdos firmados con las cuatro provincias que están cobrando. El secretario de Hacienda, Hugo Guberman, defendió esa cifra argumentando que alcanza para los convenios vigentes, pero evitó dar detalles sobre cómo se resolverá la deuda con las nueve provincias restantes.
Guberman reconoció que existe una deuda, pero trasladó la responsabilidad de definir el monto a Anses, que supuestamente está trabajando con datos de 2022. No se explicaron las razones de la demora en esos cálculos.
El impacto en las provincias
Mientras el conflicto se arrastra, las provincias deben cubrir la diferencia con sus propios recursos o buscar alternativas para incrementar la recaudación de aportes. Esta situación tensa fuertemente las finanzas provinciales, obligando a los gobiernos locales a tomar medidas como ajustes salariales o reformas en los sistemas previsionales.
El caso de Córdoba es ilustrativo: el gobernador Llaryora avanzó hacia un esquema de redistribución donde los jubilados que más cobran financian parte de los haberes más bajos. Otras provincias exploran caminos similares, pero todas comparten el mismo problema estructural: sin aumentar el plantel de empleados públicos, no pueden mejorar la relación entre aportantes y jubilados.
Un callejón sin salida
Los gobernadores insisten en que, como mínimo, se normalice el flujo de pagos mensuales para luego discutir cómo saldar el stock de deuda acumulada. Sin embargo, el Gobierno nacional mantiene su estrategia de usar estas partidas como variable de ajuste fiscal, lo que hace prever que el conflicto seguirá escalando en 2026, probablemente con más presentaciones judiciales y mayor presión sobre las arcas provinciales.
