En la justicia argentina los operadores judiciales fueron y siguen siendo un dolor de cabeza para los jueces y fiscales honestos que los hay, aunque son una minoría.
Siempre están ahí, moviendo los hilos del verdadero poder en la oscuridad. La manera de ver lo que hacen es bucear hasta las profundidades de un iceberg que se extiende bien por debajo de la superficie, aunque a mucha gente le cueste creerlo.
Históricamente, estos individuos no operan en la justicia por lealtad partidaria, sino para preservar su propio interés: una cuota de poder en un ámbito determinado.
La explicación es simple: un mismo operador judicial puede trabajar para dos o más gobiernos de signo político diferente. Lo que importa no es el motivo ni en el beneficiario inmediato, sino quién está detrás del pedido.
De hecho, el mismo hombre que durante la segunda presidencia de Carlos Menem se encargó de encapsular el escándalo del club privado Spartacus —en el que estuvo involucrado el juez federal Norberto Oyarbide—, es el que durante la primera presidencia de Cristina Kirchner, cerró la causa por enriquecimiento ilícito de su familia. Según varias fuentes inobjetables, el operador tomó a Oyarbide del cuello y le ordenó: “¡Firmá acá, enano!”, obligándolo a suscribir el sobreseimiento de la familia Kirchner.
Luego, con la llegada del gobierno de Mauricio Macri, este mismo personaje de bajo perfil —que dio muy pocas entrevistas—, se encargó de frenar la causa del Correo Argentino, en la que estaban involucrados familiares del entonces presidente.
Como resulta evidente, este problema no es exclusivo de un gobierno u otro. Es algo más profundo: un sistema montado para la corrupción y la impunidad, con nichos de poder enquistados que trascienden a una gestión gubernamental.
Años más tarde, ya durante la presidencia de Alberto Fernández, los operadores que habían trabajado para los Kirchner y para los Macri volvieron a aparecer.
Hoy, en marzo de 2026 y a más de dos años del inicio de la presidencia de Javier Milei, un operador judicial del macrismo vuelve a extender su larga mano: opera como la sombra del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ungido por Karina Milei, la hermana del Jefe de Estado.
Este individuo niega ser lo que es: un operador con influencia en los pasillos de Comodoro Py, —sede de los tribunales federales— y sobre todo, en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde gravita su poder real. Se trata del empresario de origen radical Daniel Angelici.
“El Tano”, como lo llaman sus allegados, opera en las sombras como garante del blindaje en la causa por corrupción de la AFA, que tiene en la mira a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, dos dirigentes de moral dudosa.
Esta información surge de una investigación del portal Sección País publicada durante febrero pasado y firmada por el periodista Camilo Cagnacci.
Como se puede ver, el discurso de “Yo voy contra la casta” derivó en una tragicomedia: el presidente Milei simula combatir a la casta judicial mientras que puertas adentro, la abraza. Una versión actualizada del viejo refrán: “Haz lo que yo digo, no lo que yo hago”.
Milei quedó atrapado en una paradoja: para consolidar su poder, terminó pactando con aquello que tanto dice combatir.
Los operadores judiciales continúan haciendo lo que mejor saben hacer: obstruir la independencia de la justicia para blindar los casos de corrupción del gobierno de turno, sea quien sea el que gobierne en la Casa Rosada. Porque ellos son el verdadero poder en las sombras de la casta judicial.
A los políticos honestos —que son pocos—, les cabe la responsabilidad de denunciarlos y promover un Poder Judicial independiente. Pero hay un factor que será siempre más decisivo que cualquier voluntad política: la presión social.
Luciano Ingaramo