Legisladores opositores presentaron una acción judicial para impugnar el decreto 941/2025, mediante el cual el Gobierno nacional reformó la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y le otorgó nuevas atribuciones, incluyendo facultades de detención de personas.

Los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto con Esteban Paulón del Partido Socialista, interpusieron un amparo acompañado de una medida cautelar solicitando la suspensión inmediata del decreto mientras la Justicia evalúa su validez constitucional. El expediente recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 4, a cargo de la jueza Rita Alián.

Los cuestionamientos al decreto

El núcleo de la presentación judicial cuestiona que el Poder Ejecutivo haya modificado la Ley de Inteligencia Nacional mediante un decreto de necesidad y urgencia. Los legisladores sostienen que no existió una situación excepcional que justificara saltear el debate parlamentario, especialmente considerando que el Gobierno contaba con alternativas institucionales: podía incorporar las reformas en el temario de sesiones extraordinarias o incluso prorrogar esas sesiones.

“Estamos frente a la construcción política de una necesidad y una urgencia que carecen de todo correlato fáctico”, señala el escrito judicial, que advierte que el decreto no supera el test constitucional básico requerido para este tipo de normas excepcionales.

Críticas por legislar en materia penal

Un punto central del planteo es la objeción a que el decreto introduzca cambios en materia penal, un ámbito que la Constitución reserva exclusivamente al Congreso. Los diputados destacan específicamente el otorgamiento de facultades de aprehensión al personal de inteligencia, una potestad que tradicionalmente pertenece a las fuerzas policiales.

Según el amparo, esta extensión de atribuciones vulnera el debido proceso y los derechos fundamentales. Los firmantes advierten que definiciones amplias sobre inteligencia y contrainteligencia “generan un efecto inhibidor sobre el ejercicio de derechos políticos y de la libertad de expresión, especialmente en contextos de protesta social o disenso político”.

Riesgos de centralización y politización

La presentación judicial alerta sobre la concentración de las tareas de espionaje en la órbita presidencial y el riesgo de que el nuevo esquema derive en persecución política. Como ejemplo, los legisladores mencionan el traslado de la autoridad nacional de ciberseguridad a la Jefatura de Gabinete, quedando bajo la conducción del vocero presidencial Manuel Adorni.

Los diputados sostienen que los cambios “introducen una absoluta y total centralización bajo una misma estructura, toda dependiente del Poder Ejecutivo”, con el peligro de perder independencia y objetividad en la producción de inteligencia estratégica. Desde esta perspectiva, advierten que el organismo podría convertirse “en una herramienta de persecución de periodistas, opositores, académicos y militantes sociales, todo bajo la fachada de ‘seguridad estratégica'”.

Cuestionamiento a la falta de transparencia

El amparo también objeta que el decreto establezca que “todas las actividades de inteligencia son encubiertas”. Según los demandantes, esta redacción contradice el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y profundiza la opacidad del sistema.

La presentación judicial incluye una advertencia sobre el uso potencialmente discrecional de estas facultades: “Cualquiera puede ser convertido, por indicación del Poder Ejecutivo, en una amenaza a la estabilidad del Estado”, señala el documento.

El timing del Gobierno y la respuesta parlamentaria

El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y de todo su gabinete. Fue publicado el último día hábil de 2025, inmediatamente después de finalizadas las sesiones extraordinarias, cuando el Congreso ya había entrado en receso.

Este contexto generó un rechazo inmediato en distintos bloques opositores, que reclaman la urgente constitución de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para revisar la norma. Sin embargo, el oficialismo busca postergar el debate y proyecta recién febrero como horizonte para su tratamiento.

La comisión en cuestión es permanente y podría reunirse incluso durante el receso parlamentario, pero debe integrarse nuevamente tras la renovación de las cámaras, proceso que depende de las decisiones del presidente de Diputados, Martín Menem, y de la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Senado. Desde La Libertad Avanza ya anticiparon que durante los primeros días de enero el Congreso no abrirá sus puertas.