La resolución de la Cámara
Los camaristas Hugo Ricardo Zuleta y Gabriela Seijas fundaron la medida en los principios de prevención del daño y precaución, propios de los conflictos vinculados a la protección del patrimonio urbano. El tribunal subrayó que, una vez demolido un edificio, ninguna sentencia puede restaurarlo, por lo que la intervención judicial debe ser inmediata. Además, advirtieron que permitir el avance de las obras tornaría abstracto e inútil cualquier fallo futuro sobre el fondo del asunto.
La decisión se adoptó tras las apelaciones presentadas por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y tres organizaciones —Basta de Demoler, Fundación Ciudad y Observatorio del Derecho a la Ciudad— contra el fallo de la jueza Natalia Tanno, quien había dado luz verde a la demolición pese a que la normativa vigente prohíbe expresamente intervenciones de ese tipo sobre el inmueble.
Qué se aprobó y qué prohíbe la ley
El proyecto impulsado por el Gobierno de la Ciudad, aprobado mediante la Disposición 1283/DGIUR/25, prevé demoler la cubierta y la totalidad del interior del Luna Park, así como modificar sus fachadas, todos elementos con protección legal. En su lugar, se construiría un nuevo estadio aproximadamente un 30% más grande en volumen, lo que implicaría demoler 11.612 metros cuadrados del edificio histórico y conservar apenas 1.331. El propio Arzobispado de Buenos Aires —dueño del inmueble— reconoció esas cifras en la documentación incorporada al expediente judicial.
El Código Urbanístico prohíbe expresamente incrementar el volumen del Luna Park, cambiar su cubierta, alterar su fachada y demoler su interior. Aun así, la jueza Tanno había autorizado las obras. Los apelantes sostienen que las actualizaciones tecnológicas necesarias son perfectamente posibles sin demoler el edificio, tal como ocurrió con el Teatro Colón en Buenos Aires o el Sydney Opera House en Australia.
Un precedente histórico en juego
Para los especialistas en patrimonio urbano Marcelo Magadán y Francisco Girelli, el fallo de la Cámara es una señal positiva sobre la valoración judicial del patrimonio cultural. Al mismo tiempo, advierten que si el proyecto oficial avanza, el Luna Park podría convertirse en el primer Monumento Histórico Nacional demolido desde el retorno de la democracia, en 1983.