El fallo
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron por inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos por el Estado y la compañía aseguradora Liderar. Las causas involucraban a Fabio Flamenco y Patricia Delgado Ferreira, ambos heridos en el accidente, y a José Luis Torres Amarilla junto a su familia, en representación de su hija Sonia Torres Rolón, de 28 años, quien murió al quedar atrapada en el primer vagón cuando el segundo se incrustó casi seis metros hacia adelante.
La Corte aplicó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que le permite desestimar recursos sin mayor fundamentación. Es el mismo criterio que el tribunal viene utilizando en otros planteos similares vinculados al mismo siniestro.
Qué había sucedido en las instancias anteriores
En primera instancia, el Estado Nacional, la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), el maquinista Marcos Córdoba y la aseguradora fueron condenados a pagar indemnizaciones por daños y perjuicios. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó esa decisión y en varios casos elevó los montos.
Para fundar la responsabilidad del Estado, los tribunales destacaron que el maquinista violó las reglas de buena conducción ferroviaria, que TBA no controló la operación del servicio y que el paragolpes de la estación carecía del sistema hidráulico en funcionamiento. Además, se estableció que el Estado —como concedente del servicio— incumplió su obligación de ejercer un control efectivo sobre la concesión.
El Estado había insistido en sus recursos en que la responsabilidad correspondía exclusivamente al maquinista y a TBA. La Corte rechazó ese argumento.
El accidente y la causa penal
A las 8.33 del 22 de febrero de 2012, la formación N° 3772, con unas 1.200 personas a bordo, ingresó a la estación terminal de Once a una velocidad estimada de 20 km/h y no frenó a tiempo. Los primeros tres vagones se aplastaron entre sí. Murieron 51 personas —algunas familias sostienen que fueron 52, ya que una de las víctimas estaba embarazada— y hubo cerca de 800 heridos trasladados a 13 hospitales porteños.
En el plano penal, el caso dio origen a dos juicios. El primero, en 2014, condenó a 21 personas entre empresarios, funcionarios y el conductor. El segundo, resuelto en 2018, condenó al exministro de Planificación Julio De Vido por administración fraudulenta. El año pasado la Corte dejó firme esa condena a cuatro años de prisión, y De Vido quedó detenido.