La decisión judicial
Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi resolvieron incrementar las restricciones patrimoniales que actualmente alcanzan solo los 36.875.000 pesos. Sin embargo, rechazaron el pedido de la querella de congelar completamente los patrimonios de los investigados.
La resolución establece que el juez Marcelo Martínez de Giorgi deberá fijar un prudente aval patrimonial acorde a la entidad de los hechos, la cuantía del daño y el grado de participación de cada investigado. Además, deberá revisar la medida cada 90 días según el estado de las actuaciones.
El origen de la investigación
La causa comenzó tras la publicación de un tuit del presidente Milei el 14 de febrero de 2024 invitando a comprar LIBRA con un enlace directo al contrato de la criptomoneda. El mandatario borró el mensaje cuando el token se desplomó, causando pérdidas que el New York Times estimó en 250 millones de dólares.
Están imputados los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Torrones Godoy, el estadounidense Hayden Mark Davis, el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales, la madre y hermana de Novelli y dos intermediarios señalados por pagos millonarios. El presidente y su hermana Karina Milei están bajo investigación, aunque sin restricciones patrimoniales.
El fiscal Eduardo Taiano imputó los presuntos delitos de estafa, cohecho, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
La disputa por las medidas cautelares
La discusión por los embargos lleva meses. En mayo de 2024, cuando la causa estaba en manos de la jueza María Servini, ella dispuso el congelamiento total de bienes y activos financieros de los implicados. Se detectó que Novelli y Terrones habían intentado transferir 500.000 dólares en criptomonedas justo antes de que se ejecutara el bloqueo.
La Cámara Federal modificó el criterio y reemplazó la inmovilización por un embargo preventivo. El juez Martínez de Giorgi fijó el monto en apenas 36.875.000 pesos, siguiendo el argumento de las defensas de que los inversores afectados habrían perdido no más de 2000 dólares cada uno.
Esta cifra contrasta con las declaraciones de Davis, quien admitió haberse quedado con 100 millones de dólares de Argentina.
El fallo de la Cámara
La Sala I le dio la razón a la querella en que los 36 millones eran insuficientes. El fallo estableció que había que analizar lo ocurrido en su conjunto y no calcular respecto de los inversores afectados a título individual.
Los camaristas descartaron la medida de no innovar por considerarla extrema y por su posible impacto en la libertad patrimonial de las personas. Aunque no hicieron observaciones directas sobre la lentitud de la causa, el tribunal fue contundente al ordenarle al juzgado que arbitre los medios necesarios para obtener la producción de las probanzas.
El material probatorio disponible
La causa cuenta con abundante material: confirmación de vínculos entre los traders, Milei, su hermana y Davis; registros de reuniones en Casa Rosada a lo largo de 2024; transferencias millonarias desde cuentas vinculadas a Davis hacia Novelli y Terrones Godoy en fechas previas al lanzamiento de LIBRA; movimientos sospechosos en cajas de seguridad que la madre y hermana de Novelli abrieron diez días antes del lanzamiento; los informes de la Comisión Libra de la Cámara de Diputados; y relatos de empresarios que dicen haber recibido pedidos de dinero para reunirse con el Presidente.
Sin embargo, restan interrogantes clave sobre las comunicaciones entre las personas investigadas y por qué demora tanto la obtención de esa información. A casi un año del inicio de la investigación, la causa avanza a paso lento mientras los imputados mantienen libertad para operar con sus patrimonios, salvo por el modesto embargo inicial.