La restricción y sus alcances
Este lunes, varios periodistas acreditados en Casa Rosada descubrieron que no podían ingresar al edificio cuando agentes de la Policía Federal y del Cuerpo de Seguridad presidencial chequeaban sus nombres en una lista. Desde el gobierno calificaron la medida como “preventiva hasta esclarecer los hechos” y evitaron difundir el listado de medios alcanzados.
Según pudo confirmarse, los periodistas afectados pertenecen a El Destape, FM La Patriada, Tiempo Argentino, A24, Ámbito Financiero y Gritos del Sur. La medida no alcanzó a otros medios también mencionados en la investigación, como Infobae y El Cronista Comercial. Tampoco se informó por cuánto tiempo se extendería la restricción.
La misma lógica se aplicó en la Cámara de Diputados: el Círculo de Periodistas Parlamentarios fue notificado de que se suspenden las acreditaciones de La Patriada, El Destape, A24 y Gritos del Sur. En el Senado, en cambio, fuentes de Villarruel confirmaron que la restricción no se replicaría.
La investigación que detonó la crisis
El viernes pasado, un consorcio internacional de periodistas de investigación —integrado por medios de Gran Bretaña, Francia, Rusia y África, además del sitio argentino Filtraleaks— publicó el contenido de 76 documentos de inteligencia rusos filtrados. Los archivos revelan que un grupo conocido como “La Compañía” desarrolló entre junio y octubre de 2024 una campaña mediática para desprestigiar al gobierno libertario, con publicaciones en más de 20 medios digitales argentinos a un costo estimado de al menos 283.100 dólares. Argentina aparece como el país de América Latina donde Rusia más invirtió en ese tipo de operaciones.
La campaña incluyó encuestas, análisis políticos, apoyo a candidatos opositores y acciones orientadas a fomentar divisiones internas dentro del oficialismo.
Posibles consecuencias
Desde el Ejecutivo no descartaron ir más lejos: evalúan convocar “en las próximas horas” a los responsables de los medios señalados para que “expliquen” lo ocurrido. Un funcionario llegó a mencionar la posibilidad de que existan “casos de traición a la patria” por la supuesta injerencia de un Estado extranjero. La medida generó repudio en el ambiente periodístico, donde se señaló que la quita de acreditaciones sin explicación constituye un acto de censura.