El fin de un modelo

“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza”, afirmó Macri al anunciar la medida. El gobierno porteño describió el cambio como un giro de paradigma en política social: de los convenios con organizaciones intermediarias hacia la transferencia directa a los beneficiarios con condiciones de formación laboral obligatorias.

El esquema anterior implicaba acuerdos con 85 organizaciones y un gasto de 10.000 millones de pesos anuales. Una auditoría previa detectó 1.274 beneficiarios irregulares dentro de ese sistema.

Cómo funciona el nuevo esquema

El programa se sostiene en cuatro pilares: formación obligatoria para todos los beneficiarios, carácter transitorio con un plazo máximo de un año, articulación con el sector privado mediante convenios con nueve cámaras empresariales y empresas de los sectores de servicios, salud, hotelería y mantenimiento —entre ellas Hilton, Farmacity y Limpiolux— y criterios claros de elegibilidad basados en residencia, situación socioeconómica y cumplimiento de los requisitos formativos.

Quienes no cumplan con las condiciones perderán el beneficio.

Irregularidades detectadas

La administración porteña también reveló que una auditoría reciente al sistema de comedores sociales encontró más de 5.000 raciones irregulares, incluyendo casos de beneficiarios fallecidos y titulares con jubilaciones elevadas o bienes de alto valor. Eso derivó en el cierre de 40 comedores y el refuerzo de los controles digitales.

El ministro de Desarrollo Humano porteño, Gabriel Mraida, sostuvo que la medida busca devolver “dignidad” a personas que, según dijo, cobraban planes a cambio de asistir a marchas “sin ningún horizonte de progreso”.