El decreto que divide la obra social
El decreto 88/2026, publicado el viernes en el Boletín Oficial, formalizó la disolución de IOSFA y su reemplazo por dos entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
La medida establece un período de transición de un año para implementar la liquidación del instituto y traspasar a todos los afiliados garantizando su cobertura. La OSFA funcionará bajo la órbita del Ministerio de Defensa y atenderá al personal militar en actividad, retirados, pensionados y sus familias. Por su parte, la OSFFESEG quedará bajo supervisión del Ministerio de Seguridad y cubrirá a efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.
El gobierno justificó la división argumentando que las fuerzas federales tienen características funcionales, operativas, demográficas y laborales sustancialmente distintas a las del personal de las Fuerzas Armadas. Respecto a la disolución, señalaron que en los últimos años se observó una situación de desequilibrio financiero de carácter persistente.
La norma establece un esquema de distribución obligatorio: el 80% de los ingresos debe destinarse únicamente a prestaciones médico-asistenciales, hasta un 8% para gastos administrativos y operativos, y el 12% restante podrá utilizarse en otras prestaciones sociales solo si está asegurada la cobertura de salud.
Del superávit al colapso bajo Petri
La crisis de IOSFA se desencadenó durante la gestión del ministro de Defensa Luis Petri. Bajo su administración, la obra social pasó de un superávit de 2.960 millones de pesos a fines de 2023 a una deuda de 126.000 millones de pesos.
Pablo Mendoza, secretario general de la Seccional Punta Alta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), describió en agosto pasado la situación: “Hoy si no tenés el dinero en efectivo, no te podés operar en ningún sanatorio ni de Bahía Blanca ni de Punta Alta y en la región sur tenés muchos trabajadores afiliados a IOSFA tanto de la Armada, Prefectura de Gendarmería que están sin prestaciones”.
También detalló atrasos de tres meses en medicamentos oncológicos para bebés, ancianos y jóvenes, falta de actualización del sistema terapéutico para chicos con discapacidad y riesgo para la vida de trabajadores pasivos y activos.
Durante 2024, el Directorio autorizó la gestión de un préstamo por 40.000 millones de pesos ante el Instituto de Ayuda Financiera, operación que contó con la oposición de varios vocales y que, según denuncias, se usó para cancelar deuda previa en lugar de mejoras informáticas prometidas.
ATE adjudicó este deterioro a la situación de vaciamiento y corrupción existente en el interior de la obra social. El sindicato denunció además la firma de un contrato por 50.000 millones de pesos entre IOSFA y la droguería Suizo Argentina SA, empresa señalada en el escándalo de presuntas coimas que involucra a Karina Milei en el marco de la investigación por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.
La llegada de Presti no mejoró la situación
La llegada de al Ministerio de Defensa de Carlos Presti, un militar en actividad, generó expectativas en el sector de que se normalizaría el funcionamiento de IOSFA. Sin embargo, la situación no solo no mejoró sino que continuó deteriorándose durante los primeros meses de 2026.
En Mar del Plata se produjo un corte total de cobertura tras acumularse una deuda cercana a los 800 millones de pesos con el Hospital Privado de la Comunidad, principal prestador de la ciudad. El centro médico suspendió todos los servicios programados, a excepción de oncología, pediatría, obstetricia y emergencias con riesgo de vida.
Los afiliados afectados debían afrontar gastos de sus bolsillos: una tomografía podía costar hasta 400.000 pesos, mientras que análisis de laboratorio rondaban los 100.000 pesos. Fuentes del sistema sanitario militar señalaron que con los sueldos actuales, sobre todo en jerarquías bajas o en quienes tienen tratamientos complejos, es directamente imposible afrontar esos gastos.
También se registraron conflictos en el Hospital Italiano de Bahía Blanca y con farmacias que históricamente atendían a IOSFA en el AMBA, configurando un escenario de desarticulación generalizada de la red de atención. La crisis dejó sin cobertura a más de 500.000 beneficiarios y con una deuda que llegó a los 200.000 millones de pesos.