La reforma y sus fundamentos
El gobierno de Javier Milei recibió con entusiasmo la aprobación de la reforma a la ley de glaciares. En el comunicado oficial, la Oficina del Presidente sostuvo que la nueva normativa permite “la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares” y garantiza “seguridad jurídica” a las provincias para administrar sus recursos naturales.
El Ejecutivo cuestionó la redacción original de la ley 26.639, sancionada durante la presidencia de Cristina Kirchner, y afirmó que generaba “interpretaciones absurdas” que prohibían actividades mineras incluso donde no existía nada que proteger.
Provincias beneficiadas e inversiones esperadas
La reforma responde a un reclamo histórico de las provincias de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (las mismas más Mendoza y San Juan). El gobierno nacional y las provincias mineras estiman que la nueva ley podría desbloquear alrededor de 20.000 millones de dólares en inversiones.
El presidente Milei agradeció especialmente a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza) por su apoyo a la iniciativa.
Qué cambia la reforma
El proyecto busca distinguir el ambiente periglacial en general de aquellas “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos hídricos. En la práctica, no todo el territorio periglacial quedará bajo protección, sino solo las formaciones con una función hídrica comprobable. La ley original de 2010, en cambio, prohibía actividades industriales en toda esa zona.
Este punto generó el rechazo tanto de organizaciones ambientalistas como de sectores de la comunidad científica, que advierten sobre el riesgo de afectar fuentes de agua dulce.
La acusación oficial contra los ambientalistas
En su comunicado, el Gobierno apuntó contra organizaciones que se opusieron a la reforma, sin identificarlas por nombre. Tanto el día del debate en el Senado como en la antesala de la votación en Diputados, activistas de Greenpeace se movilizaron frente al Congreso. En ambas ocasiones hubo detenidos.