El pedido fiscal para cubrir el fraude
El Ministerio Público presentó ante el Tribunal Oral Federal 2 un extenso listado que incluye 141 inmuebles, 46 automotores y fondos en cuentas bancarias. El objetivo es cubrir los 685.000 millones de pesos que se fijaron como monto del fraude al Estado, ocasionado a través de 51 licitaciones direccionadas con sobreprecios promedio del 65 por ciento y circuitos exclusivos de pago para el Grupo Austral.
Entre las propiedades requeridas figuran 13 inmuebles pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner, incluido el departamento de San José 1111 adquirido en 2015 por Los Sauces SA, el chalet de Río Gallegos, el hotel Alto Calafate y el hotel La Aldea en El Chaltén. Del lado de Lázaro Báez, se reclaman 128 inmuebles, entre ellos tres en el barrio privado Ayres de Pilar y cinco casas en Pinamar.
Dinero en efectivo y cuentas bancarias
El dictamen también incluye 4.664.000 dólares de una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, 992.134 dólares de una caja de ahorro en el Banco de Galicia y 53.280,24 pesos en efectivo.
Ningún depósito realizado
Los fiscales Luciani y Mola señalaron que las personas condenadas, intimadas a depositar los más de 684.000 millones de pesos por la defraudación, “todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”.
En el escrito, los fiscales afirmaron que esta resistencia “exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.
Total de bienes bajo pedido de decomiso
Con esta nueva lista se suman a los 111 bienes ya pedidos en noviembre pasado, alcanzando un total de 252 inmuebles bajo pedido de decomiso. Los fiscales criticaron que “muchos de los condenados registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada” y concluyeron que “para desterrar definitivamente la impunidad de los corruptos, es imprescindible que se empleen todos los mecanismos legales tendientes a recuperar los activos provenientes de los delitos”.
Período de los bienes
El TOF 2 ordenó avanzar sobre todos los bienes incorporados al patrimonio de los acusados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período durante el cual se desarrolló la maniobra defraudatoria según la sentencia.