Los fundamentos del fallo
Los jueces Denny Chin y Sarah Merriam Robinson, que conformaron la mayoría, sostuvieron que los reclamos de los demandantes por incumplimiento contractual no son admisibles según el derecho argentino aplicable a las expropiaciones. En consecuencia, revocaron la sentencia dictada en primera instancia por la jueza Loretta Preska. El tribunal también rechazó otros argumentos presentados por los demandantes, como el llamado promissory estoppel. La decisión no fue unánime: el juez José Cabranes votó en disidencia.
El fallo también evita que Argentina pudiera sufrir el embargo de activos estratégicos, incluyendo la formación Vaca Muerta.
Cronología del caso
El origen de la disputa se remonta a 2012, cuando el Congreso argentino expropió el 51% de YPF a la empresa española Repsol. El Grupo Petersen, que había adquirido el 25% de la compañía entre 2008 y 2011 con financiamiento de Repsol, entró en default al dejar de recibir dividendos. En 2015, el fondo Burford Capital compró los derechos de quiebra de Petersen e inició la demanda en tribunales de Nueva York. En 2023, la jueza Preska dictó la condena original por 16.100 millones de dólares. Este mes de marzo, la Cámara de Apelaciones revocó esa sentencia y ordenó la revisión total del proceso.