Los procesados y los embargos

El fallo de Casanello alcanzó a 19 personas en total, entre ex funcionarios, empleados de la ANDIS y empresarios privados. Además de Spagnuolo, fueron procesados Daniel Garbellini, quien era el segundo del ex titular de la agencia, Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos con estrechos vínculos con droguerías.

El juez impuso embargos de diferentes montos sobre los bienes de los procesados. El más alto correspondió a Spagnuolo, con más de 202 millones de pesos.

Un entramado de corrupción institucional

En su escrito, el magistrado señaló que en los primeros meses del gobierno de Javier Milei se instaló “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.

Según Casanello, ese entramado se conformó con “operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

La ANDIS como vía de enriquecimiento

El fallo sostiene que la ANDIS se convirtió en una “vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

El juez dejó abierta la puerta a una investigación más amplia al destacar que “el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”.

Posibles complicidades más allá de la ANDIS

Casanello agregó que “dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”.

“La extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado —por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes— sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades”, sintetiza el fallo.