El gobierno de Javier Milei oficializó a través del Decreto 931/2025 una actualización salarial para ministros, secretarios y subsecretarios de la administración pública nacional. La medida, que se cobrará por primera vez con los haberes de enero de 2026, representa incrementos de entre 62,4% y 85,9% según el cargo y pone fin a dos años de salarios congelados.
La decisión responde a la creciente pérdida de cuadros técnicos que abandonaron el sector público para incorporarse al mercado privado. La situación se evidenció con casos emblemáticos como la salida de Marco Lavagna del INDEC y la posterior búsqueda laboral de su reemplazante interino, Pedro Lines, quien mantenía activo su perfil profesional con la etiqueta “abierto a trabajar”.
Los nuevos montos
Según confirmaron fuentes oficiales de Casa Rosada, la escala salarial quedó establecida de la siguiente manera:
- Ministros: pasarán de $3.584.006 a un rango de entre $5.800.000 y $6.600.000 brutos
- Secretarios: de $3.282.709 a entre $5.300.000 y $6.100.000 brutos
- Presidente y Vicepresidenta: por decisión política, Javier Milei continuará percibiendo $4.066.018 y Victoria Villarruel $3.764.821, montos que permanecen congelados desde diciembre de 2023
La justificación oficial
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo argumenta que la medida forma parte de una estrategia para construir un “Estado eficiente y profesional”. El texto sostiene que, alcanzado el equilibrio macroeconómico y el superávit fiscal, resulta necesario contar con remuneraciones competitivas que garanticen la integridad institucional.
El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió públicamente que la falta de actualizaciones salariales había provocado una fuga significativa de funcionarios hacia empresas privadas, especialmente en áreas técnicas como el Ministerio de Producción y el INDEC.
Desde el entorno presidencial aseguran que el reajuste no compromete la sostenibilidad fiscal y apunta a dejar atrás un esquema de empleo público “desarticulado y carente de incentivos adecuados”. La medida, agregan, busca establecer un sistema basado en la transparencia y la meritocracia que permita retener profesionales calificados en áreas críticas de la administración.