Acusaciones de la fiscalía territorial
El expediente presentado ante el tribunal superior de St. Croix busca imponer sanciones civiles a Meta por violaciones a las leyes locales de protección al consumidor. La fiscalía del territorio argumenta que documentos internos de la compañía demuestran que la empresa tenía pleno conocimiento del origen ilícito de buena parte de su publicidad.
Según la demanda, estos documentos revelan proyecciones de ingresos considerables derivados de anuncios vinculados con fraudes, apuestas ilegales y comercialización de productos prohibidos. Las estimaciones presentadas en el caso sugieren que este tipo de contenido publicitario habría generado miles de millones de dólares en ingresos anuales para la corporación.
Estrategia de demora y umbral de acción
Las autoridades acusan a Meta de implementar una estrategia sistemática para retrasar el bloqueo de anunciantes sospechosos. Según el expediente, la empresa exigía niveles de certeza casi absolutos antes de tomar medidas contra actividades fraudulentas, lo que permitía que los anuncios engañosos permanecieran activos durante períodos prolongados.
Esta política habría ocasionado pérdidas económicas significativas a usuarios que cayeron en estafas, mientras la plataforma continuaba recibiendo los pagos correspondientes a estos avisos publicitarios. El sistema, según los demandantes, priorizaba los ingresos publicitarios por sobre la protección de los usuarios.
Respuesta categórica de Meta
La compañía ha rechazado enfáticamente todas las acusaciones. Un portavoz oficial declaró que Meta combate activamente las estafas en todas sus plataformas y reconoce que la publicidad fraudulenta perjudica tanto a usuarios como a negocios legítimos que operan dentro de sus servicios.
Según cifras proporcionadas por la empresa, los reportes de fraudes recibidos por parte de los usuarios han disminuido en los últimos meses. La compañía atribuye esta mejora al fortalecimiento de sus herramientas de detección automática y a una aplicación más rigurosa de sus políticas internas contra contenido fraudulento.
Polémica por protección a menores
La demanda también incluye señalamientos sobre políticas internas relacionadas con el uso de inteligencia artificial en las plataformas de Meta. Los documentos judiciales mencionan que directrices corporativas habrían permitido interacciones entre chatbots y menores de edad en el pasado.
Meta rechazó estas acusaciones y destacó que ha actualizado sus normativas para fortalecer las salvaguardas dirigidas a usuarios menores de edad. La empresa sostiene que los ajustes a estas políticas respondieron a mejoras continuas en sus sistemas de protección, no a presiones externas.
Contexto regulatorio más estricto
Este litigio se inscribe en un contexto de creciente escrutinio sobre la responsabilidad de las plataformas digitales respecto al contenido que alojan y monetizan. Tras la difusión de información sobre las proyecciones de ingresos internas de Meta, legisladores estadounidenses solicitaron a reguladores federales que investiguen posibles violaciones a la legislación de protección al consumidor y del mercado de valores.
Las autoridades de las Islas Vírgenes señalan que esta acción legal busca llenar vacíos en la supervisión federal, posicionando al territorio como pionero en este tipo de demandas contra grandes corporaciones tecnológicas. El caso podría sentar precedentes sobre cómo se distribuyen las responsabilidades entre plataformas digitales y anunciantes en casos de contenido fraudulento.
Presión sobre la industria publicitaria digital
El juicio contribuye a aumentar la presión sobre toda la industria de la publicidad digital. Reguladores y autoridades de diversos países examinan con mayor detenimiento cómo las principales plataformas supervisan el contenido fraudulento y el comportamiento de los anunciantes que utilizan sus servicios.
El desenlace de este caso podría influir en futuras regulaciones y establecer estándares más exigentes para la verificación de anuncios en redes sociales y otras plataformas digitales que dependen de la publicidad como principal fuente de ingresos.
